¿Porqué CFK dijo que los periodistas pueden decir lo que quieran porque
los protege la Ley ?
Porque la Ley
los ampara. Porque el periodismo puede decir lo que se le antoje, disfrazado de
lo que se le cante y está protegido legalmente por todos los flancos. Es más,
el periodismo tiene el beneficio de demandar a su favor porque se incluye
indistintamente en el fuero civil como víctima y en el fuero público como
victimario. ¿No se entiende? Salta el cerco punitivo de un lado para el otro a
piaccere.
1 - Porque la Ley
26.551 que CFK presentó como Proyecto
está en vigencia y salió mal aprobada del Congreso ya que no se logró
establecer en la misma, de manera categórica que mentir en un medio de difusión
no es una calumnia ni una injuria civil,
sino un delito federal (Acto de terrorismo) que podría estar comprendido en la
tan criticada Ley Antiterrorista Nº 26.734 (2007) por el Art. 213 "Se impondrá prisión o reclusión
de CINCO a VEINTE años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo
propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u
obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o
abstenerse de hacerlo (...)"
2- Tampoco se puede aplicar ésta Ley a actos de Terrorismo Mediático
porque ante las críticas de los Organismos De Derechos Humanos para defender el
Derecho de Huelga se negoció un Art 44 “quinquies” que limita las posibilidades
de aplicación y establece «Las agravantes previstas en
este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren
lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de
cualquier otro derecho constitucional.» y
la Constitución
garantiza la Libre Expresión.
3- Cuando mienten, dudan sin prueba, acusan públicamente e instalan “construcciones”
ideológicas en la sociedad, están haciendo uso de todo el derecho que le
brindan las Leyes Argentinas en cuya elaboración participan y fogonean; ellos
lo saben perfectamente y siguen apostando a la vulnerabilidad de la sociedad. Para
ello cuentan con un ejército de ultrapapistas de la tinta y el micrófono.
Esto no lo digo yo sino ellos mismos; lo que sigue está extraído de una
nota de La Nación
del 20/09/2012.
El Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de
Palermo, que preside Eduardo Bertoni, ex relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos en la OEA ,
con ayuda de FOPEA y los estudios legales asociados a La Nación y Clarín festejaron la ley 26.551 que surgió del Proyecto de Ley
que Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso en 2009 y que modificó la redacción de los
delitos de calumnias e injurias en el Código Penal para casos de “interés público”
dejando sin alterar el uso de dicha figura penal para casos civiles.
Según La Nación
ésta Ley tuvo como principales objetivos adecuar los preceptos legales internos
a los estándares internacionales del sistema interamericano; fortalecer el
sistema democrático, habilitando la crítica y la libre circulación de ideas
plurales, y disminuir el efecto inhibitorio que caracteriza a las sanciones
penales.
Ahora, el mismo Estudio que representa a los multimedios y que dirigen
los Drs. E. Bertoni y Agustina Del Campo sostiene que la presión sobre la
libertad de expresión se da desde el gobierno por otros medios y cita las
inspecciones de la AFIP
como ejemplo de acción punitiva y el alarmante exceso de las multas e
indemnizaciones.
"Es indispensable que el Tribunal Internacional ordene al Estado
argentino que adopte, en forma prioritaria, las reformas legislativas y de otro
carácter que sean necesarias sobre
la Ley. 26.551 porque
en virtud de su redacción y falta de precisión da vía libre para que los
tribunales argentinos fallen con criterios discrecionales, fomentado el dictado
de numerosas sentencias violatorias a la libertad de expresión.”
El diputado Bruzzone y el Dr. Gil Lavedra aportaron su cuota de presión
aunque reconocen que "no hay un problema de libertad de expresión en la Argentina ahora: hay una
exageración en relación a ello" dicen.
Sostienen además que la mayoría de los beneficiados no son periodistas
sino funcionarios públicos y acusan a la Jueza Servini
Al final el diario enumera los casos de Demandas Iniciadas por Calumnias
e Injurias y aclara que son civiles aunque el 15% están iniciadas por
funcionarios públicos en defensa de su honor.
O sea que la prensa además de contar con la protección legal para
calumniar e injuriar, se dá el gusto de demandar
a quienes la critiquen.
JP
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